Una nena de 11 años violada, un estado que la abandona y un matrimonio de médicos valientes que interrumpió el embarazo.

Niñas, no madres

Me conmovió la valentía de una pareja de médicos tucumanos. Ella se llama Cecilia Ousset, es médica tocoginecóloga, y él se llama José Gigena, también médico tocoginecólogo. A ellos les tocó intervenir en el caso de la nena de 11 años violada por la pareja de su abuela.

Esta nena, en compañía de su mamá, acudió a un hospital público para interrumpir su embarazo cuando el embarazo estaba en sus primeras semanas. Un derecho que a la nena le correspondía porque nuestro código penal, desde hace casi 100 años, establece que cuando una mujer ha sido violada o cuando corre peligro su vida, se puede practicar legalmente una interrupción del embarazo.

Como muchos médicos decían que no estaban suficientemente cubiertos por la ley para practicar abortos en esos casos, y se acudía a la Justicia para dilatar los tiempos e impedir los abortos, la Corte Suprema estableció que, cuando una mujer dice que fue violada, no hace falta acudir a los tribunales, que alcanza con su palabra. Desde entonces, algunas provincias sacaron protocolos para adecuar sus prácticas a ese fallo de la Corte Suprema, pero no es el caso de Tucumán.

Igualmente, en el caso de una nena de 11 años me parece que es demasiado obvio que esta chica fue violada: no hay ninguna duda de que haya posibilidad de una relación sexual consentida con una menor de 11 años.

La nena y su madre acudieron al sistema médico público de salud de la provincia de Tucuman a ejercer su derecho. Lo que ocurrió a partir de ese momento en el hospital Eva Perón es una sucesión de hechos que llevaron al incumplimiento deliberado de la ley por parte del gobierno de Tucumán, cuyo gobernador es José Manzur, médico pro-vida y ex ministro de Salud de CFK. Ex ministro de Salud, nada menos.

¿Por qué incumplimientos? Primero la aislaron, como en un sistema carcelario y empezaron a dilatar los tiempos con mentiras. Dijeron, por ejemplo, que la nena quería seguir adelante con su embarazo y que su contextura le permitía hacerlo.

Sin embargo, a medida que iba pasando en el tiempo, más riesgosa se hacía la intervención. Hasta que un fallo los obligó a avanzar. Como los médicos del sistema público de salud de la provincia de Tucumán se declararon objetores de conciencia, llamaron a José Gigena, que no trabaja en el sistema público de salud de la provincia de Tucumán, sino que hace prácticas privadas.

José llegó al hospital Eva Perón, cuyas instalaciones no conocía, acompañado por su mujer Cecilia Gousset. Cecilia es católica, al igual que José, y también es objetora de conciencia, al igual que muchos otros médicos: prefiere no practicar abortos por su religión, aún aquellos que son legales. Pero le dijo a José: “yo te acompaño”, aunque no pensaba en participar de la operación.

Cecilia contó que al ver a la nena “se le aflojaron las piernas”. La encontró jugando en una cama con sus juguetitos, con una contextura pequeña y un estado de total indefensión. Le dijo que ella la iba a acompañar al quirófano y le preguntó qué  música quería escuchar, a lo que la nena respondió “música cristiana”. Para sacarle la ropa fue necesario sedarla, por el trauma que tenía con su cuerpo fruto de violaciones reiteradas.

Cuando estaban yendo al quirófano, el resto de los profesionales que debían participar de la operación (anestesista, instrumentadores, etc…) se negó a realizar el procedimiento invocando la objeción de conciencia.

José solo, ya no podía llevar adelante esta práctica. Cecilia que estaba ahí sólo para contener a la nena. Pero conmovida por la situación y cumpliendo con su deber como médica porque además corría riesgo la vida de la nena -tenía la presión muy alta- decidió dejar de lado su objeción de conciencia y participar de manera activa.

Para realizar el procedimiento tuvieron que llamar a otro anestesista. Todo médico tiene el derecho a ser objetor de conciencia, pero me parece que esos médicos lo hicieron a último momento adrede, para impedir que la práctica se llevara adelante, porque nadie se declara objetor de conciencia dentro de un quirófano.

La historia no termina ahí. Dado el avance del embarazo, provocado por las dilaciones del gobierno tucumano (la nena ya había empezado a cursar el segundo trimestre del embarazo) ya no fue posible realizarle un aborto por vía vaginal. Entonces José y Cecilia le practicaron una cesárea. El bebé es muy prematuro, el médico que intervino nos contaba que tiene muy pocas chances que sobrevivir, pero está siendo atendido en neonatología.

Cuando salieron del hospital, a José y a Cecilia les tomaron los datos para perseguirlos a ellos judicialmente, por haber cumplido con la ley y con sus obligaciones, porque una fiscal intervino en defensa del feto. Todo al revés.

José y Cecilia, dos médicos que cumplieron con su deber, son ahora los investigados por la provincia de Tucuman. A la nena la obligaron a una cesárea contra su voluntad, pero sobretodo pusieron en riesgo su sistema psíquico y físico. A una nena de 11 años que no tenía ninguna posibilidad de cursar ese embarazo.

Cecilia y José tienen 3 hijos que iban a una escuela católica y este año los cambiaron de escuela porque les negaron la matrícula. Los persiguen por cumplir con la ley. Por salvar una vida de una nena de 11 años que no podía ni quería continuar con un embarazo.

Y ¿qué hizo el arzobispo de la Provincia de Tucumán? Dio el nombre de la nena -una menor de edad cuyo nombre real no se puede difundir- y se movió para evitar que la nena accediera a sus derechos.

Es trágico lo que pasó en Tucumán.

María O’Donnell.
Jueves 28 de Febrero de 2019 – “De acá en mas” – @RadioMetro951

 

 

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