La Policía Bonaerense y su reclamo salarial

«Una delicada situación que expone fallas estructurales de larga data»

Con la protesta de la policía bonaerense, otro asunto muy delicado se sumó a la agenda de Axel Kicillof y lo primero que llama la atención es el poco dominio  de la situación que mostró su ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Habrá que poner el foco también en lo que suceda con Daniel “el Fino” (por lo mal hablado) García, el comisario general de la Bonaerense, que tampoco fue un interlocutor capaz de frenar a tiempo la protesta.

El peor fantasma es lo sucedido a fines de 2013, cuando tuvo lugar el alzamiento de la Policía que comenzó en Córdoba y Tucumán, y devino en una situación de caos y saqueos que acabó con una veintena de muertos.

Con las restricciones por el coronavirus y los índices de inseguridad en aumento, ahora hay patrullas que dejaron de prestar servicios para sumarse a una protesta de la Policía Bonaerense, que tiene detrás un reclamo legítimo en cuanto a la necesidad de mejorar sus condiciones laborales.

Un oficial que entra a la fuerza percibe un salario de 34 mil pesos, tiene una obra social como IOMA, muy deficiente, debe comprarse sus propios uniformes y pagarlo en cuotas, cobrar horas extras recién a los 120 días y andar en patrulleros maltrechos.

El coronavirus terminó con las actividades con las cuales completaban su sueldo, como los dispositivos alrededor de las canchas de fútbol para eventos deportivos o espectáculos, la custodia de bancos, comercios y demás. Ese mundo de ingresos extra -sumado a los negocios más o menos ilícitos como la prostitución o las protecciones-, está ausente.

Y la situación le exige a la Bonaerense poner el cuerpo. Literalmente: de los 94 mil oficiales, 7 mil ya fueron contagiados. Después de los trabajadores de la salud son los segundos con mayor incidencia de contagios.

Están más exigidos, más expuestos al virus, con sus ingresos mermados y con un erraste de una fuerte pérdida de poder adquisitivo: 30% durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

La situación es delicada porque también aparece la cuestión de los exonerados. ¿Cuántos policías que han sido sancionados por ilícitos o razones disciplinarias aprovechan para empezar a agitar y transformar su malestar en un estado de liberación? Se están viendo protestas en casi 30 puntos de la Provincia de Buenos Aires, con policías uniformados y sus patrulleros.

Están pidiendo un aumento significativo, ya que un Policía de la Ciudad ni bien ingresa está ganando 55 mil pesos. Hay una brecha muy grande entre uno y otro, por eso ahora están reclamando un ingreso inicial de por lo menos 50 mil.

Otra cuestión de fondo muy delicada cuando la Policía reclama es saber hasta dónde es una protesta  y cuándo pasa a ser una “asonada”, un desafío a la cadena de mandos.¿Qué pasa cuando la policía, armada por el Estado, pasa a protestar y deja de cumplir su función de protección de la ciudadanía? Allí hay un límite muy complejo “Como es inaceptable la protesta alrededor de la Quinta de Olivos, por el desafío que representa a la figura presidencial”

La Corte Suprema no les ha concedido el derecho a formar un sindicato, pero sería quizás una manera de canalizar estas protestas en forma más organizada y menos amenazante para la convivencia democrática con las fuerzas de seguridad.

Al gobierno de Kicillof, Berni en particular, el problema se escapó de las manos: ahora mismo hay merma de móviles policiales que no están realizando patrullajes porque participan de las protestas. La solución, más allá de la cuestiones más urgentes, exige canales institucionales más eficientes y nuevo replanteo sobre cómo funciona la policía Bonaerense.

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